MODIFICACIÓN DEL MODELO 720 DE DECLARACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO

Una de las medidas impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue la exigencia a los ciudadanos  de informar sobre sus bienes en el extranjero, (cuentas corrientes, seguros, acciones, inmuebles…) valorados en más de 50.000 a través del modelo 720, estableciendo la normativa elevadas multas, que podían llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria. Así, por ejemplo, sancionaba con 5.000 euros cada dato incompleto que se facilita a la Agencia Tributaria, y con 10.000 euros, cada dato erróneo o falso, además de 100 euros de multa por retrasos en las comunicaciones de cada uno de estas, consideradas, irregularidades.

Muchos fiscalistas de nuestro país consideraban que era un “atentado” contra los contribuyentes, pero no fue hasta 2015, cuando la Comisión Europea inició un procedimiento de contra España avisando al Gobierno de que la normativa vigente en la materia constituía infracción de las normas de Derecho de la Unión Europea y que debía cambiar el modelo 720, cosa que no hizo.

La Comisión Europea denunció el asunto ante los Tribunales de Luxemburgo, y finalmente, el tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado un fallo histórico declarando ilegal el régimen sancionador de declaraciones de bienes en el extranjero, pues la normas tributarias en España aplican graves y desproporcionadas restricciones a la libre circulación de capitales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunció que el Gobierno modificará el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero antes del 31 de marzo, fecha en la que finaliza el plazo de presentación de este ejercicio. La Administración tributaria ha aprovechado la tramitación del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas, para introducir a través del Grupo socialista del Senado, un conjunto de enmiendas que adecúen la declaración de bienes y derechos en el extranjero a la sentencia del TJUE. Tras su aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado, las enmiendas quedan incorporadas a la ley, aunque posteriormente tendrán que validarse en el Pleno y en el Congreso de los Diputados. El objetivo de Hacienda es que entre en vigor en unas semanas.

En la actualidad, ocultar bienes en el extranjero tendrá menos sanción y prescribirá al cabo de cuatro años, pero declarar bienes seguirá siendo obligatorio. Esto es igualmente aplicable a las criptomonedas.

A partir de ahora, los contribuyentes afectados podrán recuperar el dinero de las sanciones. La sentencia europea es el punto de apoyo de la esperanza de miles de personas para solicitar la devolución de lo injustamente cobrado por las multas aplicadas y conseguir una indemnización justa por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Desde Abogados Riquelme, ofrecemos un servicio de asesoramiento y defensa de calidad a todas las personas afectadas. Si este asunto le preocupa, no dude en visitarnos.

LAS NUEVAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y REINO UNIDO

El pasado 24 de diciembre, la Comisión Europea, alcanzó un acuerdo con Reino Unido que regulará las nuevas relaciones comerciales entre ambas partes. Entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021, no obstante, la comisión aplicará el acuerdo de forma provisional hasta el 28 de febrero de 2021 y, si todo va bien, el Parlamento Europeo dará su aprobación para la definitiva firma del Acuerdo. Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido pasó a tener la condición de tercer país a todos los efectos, lo que trae como consecuencia que operen las fronteras entre la UE y el Reino Unido, implementándose la obligatoriedad de realizar declaraciones aduaneras tanto de exportación como de importación, contemplándose una serie de exclusiones para el comercio con Irlanda del Norte, que continuará aplicando normativa de la Unión en materia de aduanas, IVA e IIEE, entre otras.

Sin entrar a analizar el contenido del Acuerdo, que es bastante extenso, la Secretaría de Estado de Comercio lo encuentra beneficioso para nuestro país, al considerar que sin acuerdo comercial, España habría perdido un 0,17% del PIB, un 0,28% del consumo privado y un 0,1% del empleo, en palabras de Doña Xiana Margarida Méndez Bértolo, que también es abogada y Presidenta del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por ahora, podemos facilitar el enlace donde encontrar toda la información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Paginas/preparacion-1-enero-2021.aspx

NOS DAN AYUDAS PARA COMPRAR VEHÍCULOS Y NOS LAS QUITAN CON IMPUESTOS

Uno de los sectores más afectados por la crisis provocada por el coronavirus es la industria de la automoción.  Las ventas han caído a mínimos históricos, obligando al cierre a concesionarios e incluso factorías. Por ello, el Gobierno ha aprobado un plan de apoyo a este sector con una ayuda económica de 3.750 millones de euros.

Se hace necesario incentivar la demanda de vehículos nuevos mediante ayudas directas y descuentos al comprador. El importe de las ayudas puede llegar a los 6.500 euros, si el precio máximo del vehículo a adquirir no supera los 35.000 euros, o 45.000 en algunos supuestos. En cuanto a los descuentos, los concesionarios y fabricantes podrán aplicar además  a los interesados en hacerse con un nuevo coche ,reducciones en el precio que van con hasta 1.600 euros en la compra de un coche diésel, hasta 2.000 euros para un híbrido, o hasta 5.000 para un eléctrico o híbrido enchufable con más de 40 kilómetros de autonomía.

El incentivo ha conseguido que un gran número de consumidores, personas físicas y empresas, se animen a adquirir un vehículo nuevo en un momento como este.

Pero la contrapartida de las ventajas económicas en la adquisición de vehículos esconde la desventaja del pago de impuestos, que no siempre son tenidos en cuenta en el momento inicial. La sorpresa con la que nos encontremos despues, puede ser nada agradable. En la declaración de la renta del año que viene se podría tener que llegar a pagar casi el 50% de lo percibido. Esto supondría a una persona física en 2021 pagar en la declaración IRPF por la compra de un vehículo en la campaña actual hasta 1.325 euros. Y es que las ayudas, que no lo descuentos comerciales aplicados que están exentos de tributación en el IRPF, constituye una ganancia patrimonial, no derivada de transmisión de elemento patrimonial, que se incluye en la base imponible general progresiva en función de los ingresos y de la situación personal y familiar del contribuyente.

Así que, mucho cuidado con dejarnos seducir con la oferta perfecta del coche bueno, bonito y barato, porque el año siguiente encontraremos sus defectos, o más bien, Hacienda “encontrará” nuestra cartera.

Si quieres saber más sobre  esta u otras cuestiones, ABOGADOS RIQUELME estarán encantados de ayudarte.

CORRESPONDE AL JUEZ DECIDIR EN CADA CASO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ACORDADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA.

INFORMACIÓN ÚTIL Y ACTUALIZADA OFRECIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en
cada caso sobre la modificación del régimen de
custodia, visitas y estancias acordado en los
procedimientos de familia.

_ Cuando este se vea afectado por las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma ante la pandemia de coronavirus COVID-19 y siempre que no haya acuerdo entre los progenitores.
_ La Comisión Permanente señala que las juntas sectoriales de Juzgados de Familia pueden adoptar acuerdos para unificar criterios y establecer pautas de actuación conjuntas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el día 20 de marzo el año en curso, en sesión extraordinaria, que corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas. El órgano de gobierno de los jueces señala que las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia no quedan afectadas por la regla general de suspensión de plazos y actuaciones procesales durante el estado de alarma, ya que si bien no se encuentran en sí mismas entre aquellas actuaciones esenciales cuya realización ha de asegurarse, una vez adoptadas se sitúan en el plano de la ejecución de las resoluciones judiciales que las hayan acordado “y entran dentro del contenido material de las relaciones entre los progenitores en relación con los hijos menores que surgen como consecuencia de la nulidad matrimonial, separación o divorcio y de las decisiones judiciales que fijen las condiciones del ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia y del régimen de visitas y estancias”. Ello no significa, añade el CGPJ, que la ejecución práctica del régimen establecido no se vea afectado por lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, ya que “la necesidad de preservar la salud de los hijos y de los progenitores puede imponer, según las circunstancias, la modulación o la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias, alterando o suspendiendo la ejecución de las medidas acordadas o determinando una particular forma de llevarlas a cabo”. La Comisión Permanente señala que, sin perjuicio de la posibilidad, “e incluso conveniencia”, de que esta variación del régimen y de la forma de ejecutarlo sea producto del consenso entre los progenitores, en defecto de acuerdo “corresponde al juez o magistrado adoptar la decisión que proceda” en función de las circunstancias del caso, en garantía de la finalidad tuitiva del Real Decreto y de la preservación de la salud y bienestar de los hijos, así como de la salud de los progenitores y, en general, de la salud pública. La suspensión, alteración o modificación del régimen acordado puede ser particularmente necesaria, advierte el CGPJ, “cuando los servicios o recursos públicos (Puntos de Encuentro Familiar y recursos equivalentes) se hayan visto afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia de la aplicación de las medidas del Real Decreto 463/2020”. Por último, la Comisión Permanente dice que “lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está orientado el Real Decreto 463/2020”.

Esta y otras informaciones de interés, pueden encontrarse en la página:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial


PREGUNTAS FRECUENTES DE PADRES DIVORCIADOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE FAMILIA AEAFA, responde a las preguntas más frecuentes realizadas en consultas por padres divorciados y separados. Las respuestas ofrecidas por AEAFA son totalmente suscritas por ABOGADOS RIQUELME, por lo que aquí realizamos una reproducción de las cuestiones planteadas y las soluciones ofrecidas sobre los derecho de visita y de estancia con los hijos durante la vigencia del estado de alarma en nuestro país.

Ante todo: sentido común y acuerdos entre progenitores en beneficio de la sociedad y los menores. Evitemos la judicialización de esta situación debido a la falta de medios.

1) En casos de custodia compartida en una misma localidad, y siendo uno de los progenitores de riesgo por padecer asma, ¿puede negarse a entregar al menor por el riesgo que supone que este pase una semana con cada uno, teniendo en cuenta que el progenitor que está en riesgo teletrabaja y no sale de su casa y, el que no está en riesgo, sale a trabajar?

Si presumimos que ambos progenitores observan las normas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, no existe ningún obstáculo para que siga cumpliéndose el régimen de custodia compartida. Que una persona realice teletrabajo no implica que no tenga necesidad de salir de la vivienda para adquirir bienes de primera necesidad, por lo que el contagio podría ser igualmente posible.

2) ¿En aras del interés general se pueden negar las entregas de menores en las visitas?

No. Las resoluciones judiciales deben cumplirse. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo no ampara los incumplimientos del régimen de visitas, es más, expresamente indica que “Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: e) Asistencia y cuidado a mayores, menores”, por lo que se está contemplando la necesidad de un progenitor de tener que “circular” por la vía pública para recoger a un menor y entregarlo después de terminar las visitas.

Hay que tener en cuenta que los servicios públicos de transportes funcionan con normalidad, y se guardan las medidas de seguridad sanitarias, con lo cual el traslado de los menores no supone ningún riesgo.

3) Cuando un padre tiene que cumplir un derecho de visitas en el domicilio materno, ¿se le debe permitir el acceso?

Debe tratarse de un caso excepcional, en el que bien la sentencia o el convenio regulador ha previsto este tipo de régimen. En principio, debe cumplirse el régimen previsto, siempre y cuando los progenitores no estén infectados por el virus y observen las normas de protección.

4) ¿Prima la salud de los menores o el derecho de visitas?

El interés del menor está por encima de cualquier otro derecho, pero con carácter general no puede utilizarse este criterio para automáticamente suspender los regímenes de visitas. Es compatible salvaguardar el interés del menor con el cumplimiento de las visitas, ya que también es un derecho del menor relacionarse con ambos progenitores.

5) ¿En un régimen con tres días de visitas puede la madre decidir suspenderlo para evitar riesgos? ¿Y si el padre denuncia incumplimiento? ¿Cómo se garantiza la salud de la niña por el padre que quiere visitas?

Salvo que exista constancia fehaciente de que el padre o alguna de las personas con las que convive, está infectado del virus, la madre no tiene facultad para suspender el régimen de visitas. Si la madre se opone a entregar al menor, está incumpliendo la resolución judicial y el padre puede instar su ejecución.

La última pregunta se contesta con otra pregunta ¿Cómo se garantiza la salud de la niña por la madre que tiene la custodia?

No puede exigirse ningún tipo de garantía y hay que pensar que ambos progenitores son responsables en el ejercicio de la patria potestad y velarán por evitar cualquier perjuicio a los menores.

6) El progenitor no cumple las indicaciones sanitarias y está expuesto al contagio por seguir trabajando sin medidas de seguridad. ¿Qué hacemos si ya ha manifestado que el viernes acudirá a recoger a los menores para disfrutar del régimen de visitas?

Si existe prueba fehaciente de que un progenitor no cumple con las indicaciones sanitarias, podrá el progenitor custodio negarse a la entrega, si bien paralelamente deberá presentar una solicitud del 158 del CC para que el Juez resuelva lo procedente.

7) ¿Dónde se entregan los hijos si no hay colegio y en la sentencia pone que es allí?

Si en la sentencia que regula las medidas, no se establece el lugar y recogida de los niños en caso de que no haya colegio, (es decir durante los periodos no lectivos), lo lógico es que quien finaliza su periodo de tenencia de los hijos, en lugar de dejarles en el colegio, les acompañe hasta el domicilio del otro progenitor, salvo que los progenitores tengan por costumbre haber seguido fijando como punto de entrega y recogida la puerta del colegio, aunque sea período no lectivo. Un criterio de orientación para alcanzar un consenso es utilizar el mismo que utilicen dichos progenitores en las entregas y recogidas de los niños durante los períodos vacacionales.

8) Si soy también custodio/a y tengo organizado mi trabajo para compartir el tiempo con la madre/padre, ¿qué puedo hacer si ella/él ha decidido no recoger a los niños hasta que termine la alarma?

Lo lógico es que el/la progenitor que decida no acatar la medida vigente, comunique la otra parte el motivo de ello. Puede ser una decisión perfectamente justificada, por ejemplo, estar en riesgo por su trabajo de contraer la enfermedad, o haberla contraído, o por motivos de atender el cuidado directo de familiares especialmente vulnerables, o ya contagiados, (como los abuelos, parejas). Estos son motivos amparados por fuerza mayor, que justifican la decisión de no cumplir la resolución vigente, en beneficio de los hijos, y la intención es proteger a los niños, aunque la decisión no sea conformada por la otra parte. Cosas distinta es un incumplimiento intencionado, en el que tanto puede incurrir el /la progenitora que decide no atender a los niños en el tiempo que le corresponde, como quien decide no entregarlos al finalizar su período de estancia con ellos al otro padre, sin motivo que ponga en riesgo a los niños.

9) Si acepto no ver a mis hijos este tiempo ¿me compensarán el tiempo perdido?

En caso de que los progenitores hayan alcanzado un acuerdo en esta cuestión, deberá respetarse el acuerdo alcanzado, dado que la compensación de días pactada entre los progenitores, no vulnera el interés y beneficio de los hijos.

En caso de desacuerdo, esta es una cuestión que será muy discutida y que dará lugar a respuestas muy dispares de los Tribunales. Solo si se puede acreditar un incumplimiento intencionado de uno de los progenitores, impidiendo durante este Estado de Alarma el contacto de los hijos con el otro progenitor, podría obtenerse del tribunal una resolución que estimase la compensación de los días, pero es un tema muy casuístico, y dependerá del caso concreto, así como los criterios que los tribunales decidan adoptar sobre esta cuestión, y de la prueba que pueda acreditarse en el proceso que se inste.

10) ¿Cómo se puede compensar el tiempo de más que ha estado con un progenitor?

Puede establecerse, adicionando los días no disfrutados al progenitor que no tuvo a los niños, con los fines de semana, o parte de ellos correspondientes al progenitor que si los ha tenido en este período de Estado de Alarma, o con días de los períodos vacacionales de verano, o incluso, con días o bloque de días de los períodos lectivos una vez se restablezca la normalidad.

11) ¿Qué pasa cuando el progenitor no custodio no tiene pernocta y los niños son de corta edad? 

Ha de respetarse, si no existe motivo que justifique lo contrario, los horarios y los tiempos de visita establecidos en la resolución judicial.

12) ¿Adónde se los lleva si los espacios públicos están cerrados?

El Estado de Alarma ha modificado transitoriamente nuestra forma habitual de vida, los espacios públicos han quedado vedados, los niños solo pueden transitar con los adultos en la vía publica para ir y regresar a sus respectivos hogares. El progenitor que tenga un régimen de visitas, ha de tener a los niños en su casa, o de un familiar directo. La calle y los espacios públicos en estos momentos está prohibida.

13) ¿Y si es lactante y la visita es en casa de la madre?

Pues en principio, ningún impedimento existe para que no pueda seguir desarrollándose la visita del mismo modo, en casa de la madre.

14) ¿Se puede llegar a un acuerdo con el progenitor para convertir este periodo de coronavirus en un régimen extraordinario de estancias para periodos vacacionales?

Por supuesto, hay progenitores que ya han acordado repartir estos días entre ambos por mitades, como si fuera un período vacacional. La sensatez impera en los progenitores-as responsables.

15) ¿Se podría exigir contacto vía skype, videoconferencia o de otro tipo?

Es lo mínimo que el/la progenitor que tiene consigo a los niños, debe procurar, el mantenimiento del mayor contacto posible entre los niños y el otro padre/madre, que por los motivos justificados no puede tenerles consigo. Lo contrario es una irresponsabilidad, y dañar injustificadamente a los niños. El/La progenitor responsable y que antepone el bienestar de los hijos-as, es quien promueve siempre la relación con el otro-a progenitor. Que problema hay en que los niños jueguen una partida de parchís o a las cartas con su padre/madre por skipe?

16) ¿Qué pasa con las visitas de los abuelos?

Para el supuesto de que sean abuelos que tengan visitas decretadas judicialmente para estar con sus nietos, en principio debe respetarse la resolución judicial en los horarios y tiempos establecidos, si bien, en caso de que los menores tengan que desplazarse a ciudades o localidades distintas a su residencia habitual, atendiendo a las directrices de las autoridades sanitarias, lo aconsejable es, en dicha situación de traslado, posponer la visita a los abuelos, compensado con otros días adicionales las que no hubiesen podido llevarse a cabo.

17) ¿Qué ocurre cuando no existiendo medidas judiciales, los progenitores se han venido rigiendo por pactos verbales y, acontecido el estado de alarma, uno de ellos, quien normalmente ejerce la custodia de facto, decide dejar de cumplir el pacto verbal?

No existe resolución judicial y por tanto no hay posibilidad del exigir el cumplimiento del pacto verbal mediante un proceso de ejecución ante los tribunales. Ante la ausencia de sensatez y responsabilidad (salvo que exista un motivo justificado que impida el contacto del/la progenitor que ejerza la custodia de facto, con el/la otra progenitor, si no existen medidas solicitadas ante los tribunales -pendientes de señalamiento de vista-comparecencia de medidas-), puede instarse una medida cautelar del artículo 158 del CCivil, que el Tribunal debe resolver con inmediatez, dado que la actividad jurisdiccional está paralizada, salvo para cuestiones de urgencia, y esta es una de ellas. En un plazo no superior a las 72 horas, debería estar resuelta cada una de las medidas cautelares que se planteen sobre estas cuestiones. No obstante, y atendiendo a los servicios mínimos establecidos en la Administración de Justicia, será difícil y, sino casi imposible, poder dar cumplimiento a dicho plazo.

18) ¿Y qué ocurre cuando ejerciendo los progenitores la custodia compartida de un menor de 13 años, es éste quien se niega a irse con el padre-madre cuando ha finalizado la estancia con el otro? Al parecer, prefiere quedarse con uno de ellos hasta que finalice el estado de alarma.

Los menores no deciden, no pueden decidir no ir al colegio, no pueden decidir no atender las normas de casa, no pueden decidir ir en contra del criterio de sus padres-madres, y están igualmente obligados a cumplir las resoluciones judiciales. Si realmente ambos padres están conformes en llevar a cabo una decisión, el menor, tenga 12, 13, 14, 15, 16 o 17 años ha de cumplir. El menor solo podrá incumplir si se cobija en el apoyo de uno de sus progenitores. Si se niega a irse, puede recabarse el auxilio de la autoridad para que cumpla con su obligación de obedecer a sus padres. Una llamada a la Policía para recabar su presencia será muy efectiva. Todo lo demás es amparar voluntades de un menor, coincidente con la propia voluntad del progenitor-ra que le ampara en incumplir cuando no existe motivo que lo justifique. Y desde luego no está justificado la no apetencia, o el estar más o menos cómodo en una u otra casa. Educar a un hijo conlleva decisiones que pueden no ser de su agrado, pero esa no es la finalidad de la educación.

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LAS FALTAS DE ASISTENCIA O PUNTUALIDAD EN EL SISTEMA DE FICHAJE DEL CENTRO DE TRABAJO

fichaje

La regulación del registro de jornada laboral en  la nueva ley, aprobada por Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que está en vigor desde mayo del presente año, no establece la forma de registro en que ha de llevarse a cabo, no hay una mención a la regulación del tipo de registro técnico a utilizar por las empresas, por ello, las  hojas firmadas por el responsable de la empresa y el trabajador de forma rudimentaria y poco objetiva seguirán sirviendo. Por lo que, antes y después de la reforma estamos en este aspecto alejados de la forma y modo de dar cumplimiento a la obligación por el resto de los Estados miembros de la Unión, limitados a una mera garantía documental de registro de jornada.

Las hojas manuscritas de jornada realizada no son técnicamente un registro, sino un soporte papel para acreditar la jornada laboral. La utilización de hojas Excel de la empresa, constituyen una manifestación de parte que rubrica con su firma. La consecuencia de la nueva regulación es que estas hojas Excel -que actualmente sólo se utilizaban para el control de las horas complementarias en el contrato a tiempo parcial-  se generalizarán, como garantía de registro de jornada.

Desde el 12.05.2019 las empresas que no tengan instrumentos técnicos de registro dispondrán de hojas manuscritas, las cuales  serán siempre firmadas y selladas por la empresa  y a disposición de la Inspección de trabajo y sindicatos. Ahora bien, ese formato se debe adaptar a la jornada completa. Para evitar el fraude a la hora de confeccionar esa hoja de acreditación de jornada que sustituya el registro técnico, los Inspectores de trabajo exigen la entrega de la hoja del mismo día de gira visita, sin que conste la hora de la salida de ese día, para que no esté autoconfeccionada al inicio del mes.

Ahora bien, si la empresa ya tiene medios técnicos de registro de la jornada o los va a implantar debe saber que se mantiene la obligación que existía en el registro de horas extras (Sentencia del TS Nº 246 de 23.03.2017),  y de registro de las horas complementarias en los contratos a tiempo parcial (art. 12.4 c del Estatuto) como hasta ahora. También debe tener presente que únicamente debe garantizar el registro diario de jornada, con la inclusión del horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que pueda existir en la empresa.

Respecto a la organización y documentación de ese registro de la jornada, debe realizarse conforme convenio colectivo o acuerdo de empresa, pero que si nada dicen lo hará, en última instancia, como quiera el empresario, previa mera consulta e información  a los representantes de los trabajadores (si los hubiera).

El registro técnico del fichaje por huella dactilar contiene un dato personal del trabajador (dato biométrico) que la empresa debe conservar conforme a las garantías que sobre ese dato personal establece  la Ley de Protección de datos. Este uso y conservación  de la huella (dato biométrico protegido) por la empresa estaba amparado por la finalidad de control horario y ahora por la garantía de registro de jornada, pero un reciente criterio de la Autoridad de Protección de datos ha limitado el uso del patrón de huella del trabajador por la empresa, amparando  sólo su creación y mantenimiento  en servicios o áreas reservadas de la empresa (por ejemplo en zona de servidores)  y no de forma generalizada (Criterio de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  /Agencia Catalana de protección de datos, en lo referente a su ámbito de competencia en Recursos Humanos en las Administraciones públicas catalanas ), estamos, pues, a la espera del Criterio de la Agencia Española de Protección de datos. Es importante señalar al respecto que las faltas de asistencia reflejadas en el sistema de fichaje por huella dactilar no son siempre prueba determinante para declarar la procedencia del despido. En este sentido, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una reciente Sentencia, Sección Primera (Sala  de lo Social), de  12-7-2019, que así lo declara y reproducimos parcialmente:

«QUINTO.- … indicar que punto a la fiabilidad de tal sistema informático de control horario por medio de huellas dactilares, y en lo que aquí interesa, el trabajador ya expone en el hecho tercero de su demanda: «En la mencionada carta de despido, la demandada alega para justificar la medida extintiva que presento unos retrasos o ausencias en mi horario, los cuales son inciertos, están manipulados, son resultado de una campaña contra mi persona por parte de un miembro de la dirección del centro, responden a fallos en el sistema de fichaje, que ya he denunciado y que habían sido puestos de manifiesto por mi parte con anterioridad (…)» , a lo que más adelante agrega: «(…) El sistema de fichaje, tiene y ha tenido continuos errores a lo largo de su existencia, como ya he puesto de manifiesto con anterioridad a mis superiores, pues en numerosas ocasiones no ha reconocido mi huella digital…

NOVENO.- En efecto, la conclusión que básicamente alcanzó la Juez de instancia no puede ser más clara y rotunda, y se resume en que el sistema informático de control horario mediante huellas dactilares que la recurrente tiene instaurado en el centro de trabajo donde presta servicios el actor no es fiable, ni fidedigno, al menos en lo que atañe al demandante, de lo que se sigue, como lógico correlato, que no tenga por debidamente acreditada ninguna de las ausencias injustificadas al trabajo que se le imputan en la comunicación de despido disciplinario, ni tampoco ninguno de los retrasos o faltas de puntualidad, de un lado, y salidas anticipadas, es decir, antes de la hora establecida, de otro, que también se le achacan, a lo que luego volveremos. Así las cosas, el planteamiento del motivo se revela infundado, por lo que fracasa…

UNDECIMO.- La doctrina jurisprudencial nos recuerda que sólo se admitirá el error de hecho en la apreciación de la prueba cuando concurran estas circunstancias: » a) Señalamiento con precisión y claridad del hecho negado u omitido; b) Existencia de documento o documentos de donde se derive de forma clara, directa y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas; c) Ser la modificación o supresión del hecho combatido trascendente para la fundamentación del fallo, de modo que no cabe alteración en la narración fáctica si la misma no acarrea la aplicabilidad de otra normativa que determine la alteración del fallo» ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1.993 )…

DECIMOCTAVO.- Sentado cuanto antecede, poco le queda por añadir a la Sala, habida cuenta que si la Juzgadora a quo no tuvo por demostradas las inasistencias injustificadas al trabajo que se achacan al demandante, así como tampoco las faltas de puntualidad o las salidas antes de la hora prevista que, asimismo, se le imputan, y nada de esto luce en la versión judicial de lo sucedido, que permanece inalterada, la conclusión no puede ser otra que la declaración de improcedencia del despido disciplinario de constante cita, cual acertadamente entendió la Juez de instancia…»

 

NUEVO DEBATE SOBRE LA UTILIZACIÓN POR LA BANCA DEL IRPH EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

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El índice IRPH utilizado por la banca española en los contratos hipotecarios, no se considera índice o clausula transparente por el mero hecho de recogerse como índice de Referencia oficial. La banca española no tenía ninguna obligación de usarlos para tal fín. Se trataba de una posibilidad, pero no un imperativo, siendo una de las existentes., entre ellas el EURIBOR, el más conocido y más utilizado, representando además además el IRPH en gran parte de los casos, lo menos beneficioso para los consumidores.

Ahora corresponde a los  pronunciarse sobre la abusividad de la cláusula a los tribunales españoles.

El abogado de la UE abre las puertas a que los jueces anulen las hipotecas con IRPH como índice de referencia de los tipos de interés y se compense a los clientes. El Tribunal de Justicia de la UE, emitirá su fallo a final de año.

El objeto de este control judicial está incluido dentro del ámbito de la aplicación de la Directiva y supone nuevas posibilidades a los clientes que reclamen ser compensados por las «potenciales» cláusulas abusivas

DEDUCCIONES PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

banco demandado

Inmersos en plena campaña de la Renta, vamos a facilitar la lista de deducciones, tanto en la base imponible como en la cuota, que pueden beneficiar a los contribuyentes en su declaración, además de las exenciones propiamente dichas.

La deducción por  inversión en vivienda  habitual, permitirá deducir en general el 15% de las cantidades satisfechas con una base máxima  de deducción de 9.040 euros siempre y cuando durante el año 2018 haya satisfecho cantidades por una vivienda adquirida antes del 1 de enero del año 2013.

La deducción por alquiler de vivienda permitirá deducir el 10,05% de las cantidades satisfechas  en el periodo impositivo siempre que la base  sea inferior a 24.107,20 euros, siempre y cuando el contrato de arrendamiento se haya celebrado antes del 1 de enero de 2015, por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por dicho alquiler y hubieran tenido derecho a la deducción.

Los contribuyentes podrán deducirse el 30% de las cantidades satisfechas por suscripción de acciones o participación de acciones de nueva o reciente creación.

Los contribuyentes que realicen actividades económicas en empresas pequeñas  podrán deducirse el 5% de los rendimientos netos del ejercicio invertidos en inmobilizado material y el 2,5% del capital invertido en inversiones inmobiliarias procedentes de los beneficios empresariales cuando hubiera iniciado la actividad y hubiera tenido derecho a reducir en rendimiento neto por ello o cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla en la que hubiera aplicado la deducción.

Porcentajes con derecho a deducción son también los relativos a donaciones realizadas a fundaciones, asociaciones y a partidos políticos

Los contribuyentes tienen derecho a una deducción en la cuota del 15% del importe de las inversiones o gastos que realicen por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español de las ciudades, conjuntos y bienes declarados patrimonio mundial.

Especial mención tiene la deducción por maternidad, de la que podrán beneficiarse las mujeres con hijos menores de 3 años  con derecho a la aplicación por mínimo de de descendientes, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual  estén dadas de alta en el régimen correspondiente a la seguridad Social o mutualidad, pueden minorar la cuota del Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menos de 3 años, con el limite , también por cada hijo, de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social devengadas en el periodo impositivo después del nacimiento.

Con efectos 1 de enero de 2018, las madres con derecho a la aplicación de esta de deducción podrán deducir 1.100 euros adicionales (83,33 euros/mes completo de guardería) cuando hubieran satisfecho en el periodo impositivo  gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderias  o centros de educación infantil autorizados, actuando como limite la menor de dos cantidades: la cotización a la Seguridad Social o el importe anual del gasto en guardería no subvencionado. Dicha deducción, aunque se trate de un importe negativo (se paga al contribuyente con la declaración del IRPF aunque no se haya retenido) no se obtener por adelantado

En el caso de Familias numerosas, para aquellos ascendientes que realicen una actividad para cuenta propia o ajena y que formen parte de una familia numerosa conforme a lo dispuesto en la ley 40/2003, o para aquellos ascendientes separados legalmente, o sin vinculo matrimonial, con 2 hijos sin derecho a recibir anualidades por alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por descendientes, se puede aplicar una deducción de hasta 1.200 euros anuales (2.400 si se trata de familia numerosa de categoría especial.)

Con efectos 5 de julio de 2018 se amplia la cuantía de la deducción en 600 euros adicionales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del umero mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda ( 3 hijos la general y 5 la especial)

También con efectos 5 de julio de 2018 se incluye la posibilidad de deducir por el contribuyente hasta 1.200 euros anuales, a razón de 100 euros mensuales, por su cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que este ultimo no perciba rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros, ni genere el derecho a la aplicación de las deducciones por descendiente o ascendiente con discapacidad.

 

Por: P.M.M.P

Diplomado en Derecho.

Gestor Tributario.

 

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