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    • ACTUACIONES ANTE UN DESPIDO
      Cuando se recibe la notificación de despido y no se está de acuerdo con las causas que alega el empresario, cabe la posibilidad de recurrir. El plazo para impugnar es de 20 días hábiles, que empiezan a contarse desde el momento del cese. A partir de ahí, para que este derecho sea efectivo, hay que seguir una serie de trámites. Primero se debe intentar llegar a un acuerdo con la empresa a través de un acto de "conciliación obligatoria previa". Para ello, hay que recurrir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma correspondiente. Si a pesar de todo no se está conforme con el dictamen, se puede interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social.   Acto de conciliación El acto de conciliación es un proceso al que debe recurrir no sólo el trabajador que recibe la carta de cese, sino también a quien se haya despedido de manera verbal. La demanda de conciliación debe gestionarse en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la comunidad autónoma correspondiente. La autoridad laboral cita a las partes para intentar llegar a un acuerdo y que el trabajador pueda reincorporarse a su puesto de trabajo o recibir la indemnización pertinente, que engloba los salarios de tramitación (el dinero que habría percibido el empleado durante los días en que se realiza este proceso si hubiera trabajado). Si no hay acuerdo, el trabajador tiene que presentar, a la mayor brevedad posible, una demanda ante el Juzgado de lo Social. Si el trabajador o el empresario no acuden a la vista de conciliación, las consecuencias son diferentes según sea uno u otro quien no comparezca. Cuando es el trabajador quien no se presenta, ni alega una causa justificada, se archivan todas las actuaciones y se da por perdida su reclamación. En el caso de que no se presente el empresario, el juez o tribunal pueden apreciar mala fe si la ausencia no está justificada e imponerle una multa más el abono de los honorarios de los abogados del trabajador.   La demanda judicial  Lo acordado en el acto de conciliación tiene fuerza ejecutiva, sin necesidad de una ratificación posterior por parte del juez o tribunal. No obstante, si alguna de las partes no está de acuerdo con el resultado, puede impugnarlo ante el Juzgado de lo Social. Para ello, el trabajador debe presentar la correspondiente demanda y aportar el justificante del resultado del acto de conciliación.   La sentencia  Una vez celebrado el juicio, el juez dictará la sentencia. En ella calificará el despido como nulo, improcedente o procedente. El resultado se notificará a las partes en litigio en los dos días siguientes. - Despido nulo. Un despido tendrá la calificación de nulo cuando el juez entienda que no hay causa que lo motive. En estos casos, el juez puede determinar la readmisión inmediata del trabajador en el puesto que desempeñaba, así como el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. - Despido improcedente. Se da cuando no quedan demostradas las causas alegadas para el despido o cuando no se han cumplido las exigencias formales estipuladas. En este caso, el juez establece en la sentencia la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo o bien el pago de la indemnización que le correspondería en el supuesto de que el empresario optara por la no readmisión. - Despido procedente. Si el juez determina que las causas del despido están justificadas, se extinguirá por completo la relación laboral sin que el trabajador tenga derecho a indemnización, ni a ningún salario de tramitación.  
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    • Causas de desheredación

      No son pocas las consultas realizadas a nuestro despacho en relación a la posibilidad de desheredar a un heredero forzoso.

      La ley recoge los supuestos de desheredación. Son causas tasadas

      El artículo 852 del código civil establece las causas de desheredación, que podemos resumir en: las de incapacidad por indignidad para suceder, negación de alimentos sin justa causa a quien deshereda, perdida de la patria potestad por incumplimiento de los deberes inherentes o sentencia condenatoria en causa criminal o matrimonial, y malos tratos

      Para que la desheredación tenga validez, se exigen los siguientes requisitos:

      1.- Que se haga en testamento, cualquiera que sea su clase. Cualquier otro medio será ineficaz.

      2.- Que se haga constar en el testamento de forma expresa la causa legal en la que se funde la desheredación, de tal manera que resulte inequívoca y referida de forma expresa al sujeto que se deshereda.

      3.- Que la causa invocada sea cierta. Si es negada por el desheredado, corresponde probarla a los herederos del testador que existió y que tuvo entidad suficiente para legitimar la decisión.

      Entre las causas de desheredación se distinguen:

      1.- Las causas de indignidad que se señalan en el artículo 756 números, 1, 2, 3, 5 y 6 que tienen carácter general.

      - Los padres que abandonen, prostituyan o corrompan a sus hijos. - El condenado por sentencia firme en juicio por atentar contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. - El que acuse al testador de un delito con pena de prisión mayor cuando la acusación sea declarada calumniosa por sentencia firme. -El heredero mayor de edad que conociendo la muerte violenta del testador no la denuncia en el plazo de un mes a la justicia, salvo en los casos en que no haya obligación legal de acusar. .- El que obligue al testador a hacer testamento o a cambiar mediante el empleo de amenazas, fraude o violencia. - El que impida al testador hacer testamento o le impida revocarlo o el que suplante, oculte o altere uno posterior con el uso de amenazas, fraude o violencia. - Las personas con derecho a la herencia de una persona con discapacidad que no le hayan prestado las atenciones necesarias. - Además hay que añadir otra causa, según la cual, el que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que obre en su poder, dentro del plazo de diez días desde que supo el fallecimiento del testador, perderá todo derecho a la herencia, si lo tuviere como heredero abintestato o como heredero o legatario por testamento. En esta misma pena incurrirá el que sustrajere de forma dolosa el testamento cerrado del domicilio del testador o de la persona que lo tenga en guarda o depósito, y el que lo oculte, rompa o inutilice de otro modo.

      2.- Para los hijos y descendientes, además de las anteriores (salvo abandonar, prostituir o corromper a sus hijos, los padres) lo son:

      - Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda, y - Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. No siendo necesario la condena en proceso penal.

      3.- Para la de padres y ascendientes, además de las del primer apartado, las siguientes:

      - Haber perdido la patria potestad por las causas del artículo 170, es decir, sentenciados por incumplimiento de los deberes inherentes a ella, o por una dictada en causa criminal o matrimonial. - Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo. - Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiera habido entre ellos reconciliación.

      4.- Para el cónyuge, además de las referidas en el apartado uno, excepto abandonar, prostituir o corromper a sus hijos, los padres, las siguientes:

      - Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales. - Haber incurrido en causa que da lugar a la pérdida de la patria potestad según el artículo 170. - Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge. - Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación.

      Los efectos de la desheredación

      1. No se genera ningún efecto si aún producida la causa, el testador considera oportuno no tenerla en cuenta en la forma necesaria para que se produzca la desheredación. Así sucede cuando otorgue testamento sin desheredar, pese a conocer la causa por la que podría hacerlo.

      2. Tampoco genera efecto alguno, cuando se produzca la reconciliación posterior del ofensor y del ofendido, pues la misma “priva a éste del derecho a desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha”. Se entiende por reconciliación el acto, expreso o tácito, por virtud del cual acuerdan dejar sin la sanción prevista de desheredar.

      3. Cuando es correctamente aplicada, la desheredación justa, produce como efecto la privación de la legítima al heredero. Pero teniendo en cuanta la naturaleza personal de esta privación, se ha dispuesto que “los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima”.

      4. Cuando es incorrectamente aplicada, la desheredación injusta, esto es sin expresión de la causa, o porque no se ha probado o que no sea una de las señaladas en el código civil, dice el artículo 851 que “anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado, pero valdrán los legados y demás disposiciones testamentarias lo que no perjudiquen a dicha legítima”. Que no valdrán, se anularán, en lo que sí la perjudiquen.

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    • Derecho Civil
      En nuestro bufete de Sevilla, nos encargamos de asesorarles en distintas materias susceptibles de ser reguladas por el Derecho civil, una de las ramas más amplias, siempre procurando el máximo acercamiento de la complejidad que presentan al cliente.
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    • hace 6 años, 1 mes

      AvatarAna Riquelme

    • Derecho de Familia
      Los profesionales de Riquelme & Asociados ABOGADOS cuentan con un área práctica especializada en la que velarán por susintereses y los de sus hijos a la hora de afrontar todo lo que conllevan las situaciones de rupturas matrimoniales, de pareja o disputas familiares, tanto en los aspectos personales como en los económicos procurando que sea lo menos traumático posible para todas las partes intervinientes.
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    • hace 6 años, 1 mes

      AvatarAna Riquelme

    • Derecho Laboral y de la Seguridad Social
      En Riquelme & Asociados ABOGADOS contamos con profesionales de reconocida solvencia en materia laboral, especialmente en procedimientos de despido y en la tramitación de solicitudes de prestaciones por incapacidad permanente o temporal, en vía administrativa y judicial y en general en los siguientes asuntos:
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    • hace 6 años, 1 mes

      AvatarAna Riquelme

    • El fallo del Supremo que considera nulas las cláusulas sobre gastos de formalización podría afectar a ocho millones de hipotecas.

      Una sentencia del Supremo ha determinado que los gastos de formalización de hipotecas los debe asumir el banco.

      Si alguna vez has formalizado una hipoteca, estoy convencida de que recuerdas unos gastos llamados provisiones. Se trata de todo lo que está relacionado con los gastos de gestión del préstamo hipotecario, y de los impuestos que debes abonar. En realidad, la parte correspondiente al impuesto de transmisiones sí que te corresponde legalmente a ti, pero todo lo demás (incluida la tasa por los actos jurídicos documentados) queda totalmente en entredicho. De hecho, la última sentencia del Tribunal Supremo asegura que debe ser la entidad bancaria la que los abone.

      Extracto de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas abusivas

      “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”, según el TS.

      El fallo del Tribunal Supremo, del 23 de diciembre de 2015, argumenta que considera nulas las cláusulas que se imponen al consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas. Es decir, quedarían todas en entredicho porque no se ajustan a la legalidad vigente. Al mismo tiempo, la misma sentencia deja claro que el pago de los tributos corresponde al banco. ¿Por qué? Son ellos los interesados a la hora de otorgar el préstamo con garantías que les permite sacar a subasta dicho inmueble en caso de que se produzca un impago del contrato según las condiciones pactadas. La sentencia es histórica.

      ¿Cuáles son los gastos abusivos de las hipotecas?

      - La factura del Registro de Propiedad para la inscripción de la hipoteca.

      - La factura de la notaría correspondiente a la Escritura de Préstamo Hipotecario.

      - Todos los gastos de gestoría (siempre que su intervención se haya impuesto por el banco, no la haya elegido el consumidor).

      - De la factura de tasación del inmueble (siempre que la entidad bancaria obligase o “recomendase” hacerla con una empresa determinada).

      - Y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que muchas entidades bancarias obligaban a contratar con la propia entidad financiera.

      Todos estos gastos relativos a las gestiones administrativas y gestoría son los que entiende el Tribunal Supremo que se podrían reclamar por entenderlos como abusivos, aunque la hipoteca esté pagada o no.

      “No se puede reclamar Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales al que se encuentre sujeta la escritura de préstamo hipotecario, porque estos van marcados por Ley y están tasados”.

      En resumen, la citada sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo considera nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

      Cómo saber si tu hipoteca tiene opción a ser reclamada

      En principio, la sentencia del Tribunal Supremo, crea jurisprudencia y será aceptada por los demás tribunales. Esto quiere decir que cualquier hipoteca que se haya formalizado en los últimos 4 años (a contar desde la sentencia del tribunal), podría tener derecho a la obtención de ese reintegro de dinero entregado en concepto de provisiones. De ese capital sí que habría que restar los impuestos relacionados con la transmisión del bien, ya que estos corresponden al propietario, es decir, a quién formaliza la hipoteca.

      Por lo tanto, si has formalizado tu préstamo hipotecario en este período, deberías consultar a un abogado para que analice tu caso y te explique el procedimiento que deberías llevar a cabo para hacer la reclamación. Aunque en un principio la sentencia del Tribunal Supremo contaría con el derecho de los consumidores a ponerse en contacto con la atención de clientes de las entidades, es más que probable que los bancos en sí mismos ignoren todas estas solicitudes. Por lo tanto, la única vía que quedaría abierta para recuperar los fondos sería la judicial.

      La Ley y sus plazos

      Aunque la sentencia del Supremo solo ha considerado nulas las cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas del BBVA, por considerarlas abusivas, los expertos entienden que esta sentencia se podría hacer extensiva a todos los bancos todas se pueden solicitar la nulidad. Algo que ya pasó, por ejemplo, en las cláusulas suelo.

      ¿Cómo recuperar el dinero de las cláusulas abusivas?

      La principal acción a ejercitar en los tribunales es la nulidad de las cláusulas abusivas (art. 83 y 89 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con art. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación). Por lo tanto, sería nula la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

      Las acciones de nulidad ejercitadas son imprescriptibles (es decir, no caducan). Esto significa que no es relevante que el préstamo hipotecario esté ya amortizado o siga vigente.

      ¿Qué plazo hay para solicitar la nulidad de la cláusula y reclamar la restitución de las cantidades pagadas?

      El plazo para las hipotecas que se encuentran todavía vigentes finalizará el 24 de diciembre de 2019. Para las hipotecas ya abonadas se podrá proceder a la reclamación si su total pago se hizo dentro del plazo de los 4 años anteriores al 23 de Diciembre de 2015.

       
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    • PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
      Resultado de imagen de RELOJ Para poder ejercitar correctamente nuestros derechos, una cuestión esencial es saber que la “institución del tiempo” es determinante y que toda reclamación tiene un plazo límite para ser llevada a cabo. Cuando en el derecho se dice que algo caduca o prescribe, tiene una importancia drástica conocer muy bien la diferencia entre una figura y otra. Ya que a nuestro ordenamiento jurídico le interesa que nuestros derechos sean ejercitados, el hecho de no recurrir a ellos durante un determinado periodo de tiempo puede hacer que se pierdan los mismos. Se trata de sancionar la indolencia o dejadez del titular de un derecho ya que si se retrasa en el ejercicio durante un periodo excesivamente largo, se puede crear la confianza en el sujeto que está obligado de que ese derecho no va a ser ya ejercitado. Por ello se crearon dos conceptos, la caducidad y la prescripción. El uso de una figura u otra no es voluntario, sino que dependerá de la naturaleza del derecho de que se trate, la legislación indica expresamente cuando los plazos son de prescripción. La prescripción consiste en la extinción del derecho subjetivo por su no ejercicio en el transcurso de un periodo de tiempo determinado. ¿Cuándo comienza a contar el plazo de prescripción de un derecho? El Código Civil indica que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. La caducidad por su lado es otro límite temporal al ejercicio del derecho subjetivo, de manera que de no aplicarse un derecho en un tiempo determinado, queda totalmente extinguido. Los derechos que la doctrina y la jurisprudencia considera que caducan son las acciones judiciales que tienen por objeto impugnar una determinada situación jurídica, por ejemplo, una acción de anulabilidad de un contrato. Las principales notas que diferencian a ambas figuras son: 1. En primer lugar, la interrupción. La prescripción puede ser interrumpida en cualquier momento por el titular del derecho mediante el ejercicio del mismo. Si tras ese ejercicio, el derecho siguiese incumplido por el sujeto pasivo, comienza de nuevo el plazo de prescripción, pudiendo posteriormente volver a ser interrumpido. Por su lado la caducidad no puede ser interrumpida, es decir, una vez vence el plazo para ejercitar el derecho, este queda automáticamente extinguido. 2. La segunda nota que sirve para diferenciar estas dos figuras es la alegación. La prescripción deberá ser alegada por el deudor cuando el acreedor le reclame la conducta debida fuera de los plazos marcados. Por lo tanto y siendo indispensable la alegación, los tribunales no podrán nunca apreciar de oficio la prescripción, sólo será comprobada a instancia de parte. Por contra, la caducidad, sí será directamente apreciada de oficio por parte de los tribunales, con lo que no tendrá que ser alegada por la parte deudora. Si bien esta explicación es eminentemente civil, aquí te dejo también, además de civiles, otros plazos de prescripción que marca la ley y que su conocimiento puede llegar a ser interesante: Referente a acciones civiles. - Plazo general de prescripción de obligaciones cuando no haya ninguno señalado será de 15 años. - Las acciones reales sobre cosas muebles e inmuebles tendrán una prescripción que oscila entre 6 y 30 años respectivamente. - Las acciones sobre el derecho real de hipoteca prescriben a los 20 años. - Las acciones para exigir el pago de los alquileres y arrendamientos, y de las pensiones por alimentos o prestaciones periódicas en general, prescriben a los 5 años. - Las acciones para exigir el pago devengado a profesionales en el desarrollo de su actividad, los créditos derivados de hospedaje o las ventas hechas por un particular sin ánimo de lucrarse, prescriben a los 3 años. - Las acciones para obtener las indemnizaciones por daños y perjuicios de responsabilidad civil por injurias, calumnias y las derivadas de por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, prescriben al año. Referente a cuestiones tributarias. Los artículos 66 y 189 de la Ley General Tributaria establecen que prescribirán a los 4 años: - El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. - El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. - El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. - El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. - El plazo para imponer sanciones tributarias. Referente a delitos. El Código Penal no establece un único plazo de prescripción para los delitos, sino que distingue diferentes plazos en función de la pena máxima prevista para el delito, que comienza a contar desde el día en que se cometió el hecho delictivo y termina: - A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. - A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 años y menos de 15 años. - A los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10 años. - A los 5 años, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.
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